Una semana después del desplazamiento provocado por ataques del crimen organizado, varias comunidades de Chilapa de Álvarez permanecen desiertas ante el temor de sus habitantes de regresar y enfrentar una nueva ola de violencia.
En el poblado nahua de Tula, donde los ataques comenzaron a inicios de mayo, el panorama es devastador: decenas de viviendas calcinadas, otras abandonadas y animales muertos por artefactos explosivos lanzados desde drones, una ofensiva que tomó por sorpresa a los habitantes.
“Aquí andamos como perros callejeros, como si no tuviéramos casa”, relata Anastasia, habitante de Xicotlán, refugiada en Alcozacán desde el 9 de mayo, al recordar que cuando comenzaron los ataques estaban haciendo tortillas en la tranquilidad de su casa y de repente su vida cambió.
Con evidente tristeza por su patrimonio perdido, que incluye a sus animales, expresó que, aunque el gobierno federal les dijo que los apoyarán a reconstruir su casa, ella no quiere regresar, aunque su esposo sí.
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El Gobierno de México ha habilitado mesas de diálogo entre comisarios ejidales (representantes comunitarios agrícolas) y funcionarios federales y de Guerrero para “construir condiciones duraderas de paz y convivencia” ante la reciente oleada de violencia en la región atribuida a grupos criminales que afectó a comunidades de Chilapa.
A instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que remarcó la necesidad de tener una presencia federal permanente, las autoridades han desplazado a la zona cerca de un millar de efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano.
La violencia en Chilapa y otras comunidades de la montaña de Guerrero ha provocado denuncias de desplazamientos, bloqueos y comunidades aisladas, una crisis que el gobierno mexicano atribuyó a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.
El conflicto no es nuevo y miembros del Concejo Indígena Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) han denunciado ataques constantes a lo largo de 10 años atribuidos al grupo criminal Los Ardillos que, de acuerdo con sus cifras, han dejado 76 integrantes asesinados y 25 más desaparecidos.
Al comenzar el mes, el problema escaló y ha dejado a pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán desplazados.
La región de Chilapa, con cerca de 120 mil habitantes y mayoría de comunidades indígenas nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de violencia y desplazamientos, además de denuncias de ataques contra policías comunitarias.
Con información de EFE.