El secretario general de Gobierno consideró que las nuevas disposiciones representan obstáculos para la participación política y cuestionó su impacto en la competencia electoral
Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, expresó su rechazo a las nuevas restricciones relacionadas con la doble nacionalidad para quienes busquen competir por la Presidencia de la República o por una gubernatura, al considerar que este tipo de requisitos pueden convertirse en obstáculos para la participación política.
Al ser cuestionado sobre el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario estatal sostuvo que las modificaciones forman parte de una serie de decisiones que, desde su perspectiva, podrían limitar la competencia electoral y establecer mayores dificultades para quienes pretendan acceder a cargos de elección popular.
De la Peña afirmó que México construyó durante décadas un sistema democrático basado en determinadas reglas y acusó al actual gobierno federal de modificar instituciones y establecer condiciones que, según su postura, dificultan el acceso a espacios de gobierno.
“Este país construyó una realidad democrática durante 30 años y ahora que ellos llegan a partir de esas reglas, se han dedicado a desmantelar las instituciones y a poner obstáculos para quien quiera acceder a espacios para gobernar este país”, expresó.
El secretario general de Gobierno también cuestionó que se establezcan restricciones relacionadas con la nacionalidad en un contexto internacional en el que, dijo, existe una creciente movilidad y conexión entre países.
“Más en estos tiempos donde el mundo es sobre todo una aldea global, el imponer estas trabas para tratar de obstaculizar la competencia electoral me parece un contrasentido”, señaló.
De la Peña vinculó esta postura con las críticas que previamente ha realizado a otras iniciativas impulsadas desde el ámbito federal, al considerar que algunas de ellas podrían representar restricciones a determinadas libertades.
Finalmente, el funcionario acusó al partido gobernante de promover modificaciones legales que, desde su perspectiva, tendrían como objetivo preservar el poder ante una disminución del respaldo ciudadano. Esta última afirmación corresponde a la posición política expresada por el funcionario estatal y no a un hecho acreditado dentro de la información proporcionada.