La FGR ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California como parte de una investigación de alta complejidad relacionada con el llamado «huachicol fiscal»
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles en Ensenada, Baja California, al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible, delito conocido como huachicol fiscal. La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivada de una investigación que las autoridades califican como de alta complejidad.
De acuerdo con la información oficial, las indagatorias apuntan a una empresa fundada por el exmandatario estatal, la cual presuntamente habría sido utilizada para realizar operaciones irregulares de importación de hidrocarburos. Aunque Ruffo Appel había rechazado previamente los señalamientos y sostuvo que la compañía únicamente efectuaba trámites aduanales, la FGR aseguró contar con elementos suficientes para judicializar el caso y proceder con su detención.
La detención del político panista representa un hecho de alto impacto debido a su trayectoria pública. Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) en la historia de México, al encabezar el gobierno de Baja California entre 1989 y 1995, un triunfo considerado un parteaguas en la transición democrática del país. Posteriormente ocupó cargos como senador y continuó activo en la vida política nacional.
El caso se enmarca en la estrategia federal para combatir el huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que ha generado importantes pérdidas económicas al erario. En las próximas horas, el exgobernador será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica y resolverá si enfrenta el proceso penal bajo prisión preventiva u otra medida cautelar. Mientras tanto, el caso ya ha generado reacciones en distintos sectores políticos y podría marcar un precedente en las investigaciones contra exfuncionarios vinculados con presuntos delitos en el sector energético.