El encargado del despacho de la Fiscalía estatal señaló que la información difundida y una foto en redes sociales debe ser verificada y que, de confirmarse posibles delitos federales, correspondería intervenir a la FGR
Chihuahua .– La posibilidad de que servidores públicos sostengan encuentros o establezcan acuerdos con integrantes de organizaciones criminales que operan en la Sierra de Chihuahua representaría un hecho de extrema gravedad, advirtió el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, al referirse a información que circula en redes sociales y cuya autenticidad aún debe comprobarse.
El funcionario fue cuestionado sobre una fotografía difundida en plataformas digitales, tomada a distancia en una zona serrana, que presuntamente vincularía a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, con integrantes de grupos delictivos. Ante estos señalamientos, Loya Chávez evitó dar por confirmada la información y subrayó que es necesario verificar los hechos antes de establecer posibles responsabilidades.
“De ser cierto, pues es un tema relacionado a delincuencia organizada y que involucra a funcionarios federales”, expresó el funcionario, quien puntualizó que, si se acreditaran conductas constitutivas de delitos del orden federal, la investigación correspondería en principio a la Fiscalía General de la República (FGR).
Loya Chávez destacó que la corporación estatal mantiene un despliegue operativo en distintas zonas de la Sierra de Chihuahua, además de trabajar en diversas líneas de investigación relacionadas con las organizaciones criminales que tienen presencia en esa región. Explicó que las indagatorias buscan esclarecer no solo los vínculos de personas con grupos delictivos, sino también las consecuencias de sus actividades en la población.
Entre las principales afectaciones mencionadas por el funcionario se encuentra el desplazamiento forzado de habitantes, una problemática que ha impactado a comunidades de municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna y Moris, donde la violencia y la presencia de organizaciones criminales han alterado las condiciones de vida de numerosas familias.
“Estos grupos criminales son los que han provocado el desplazamiento de personas”, sostuvo el encargado del despacho de la Fiscalía estatal, al referirse a las consecuencias sociales y de seguridad que enfrentan distintas localidades serranas.
En ese contexto, consideró especialmente delicada cualquier eventual participación de funcionarios públicos en conversaciones o negociaciones con integrantes de estas organizaciones, debido a las implicaciones que podría tener para las instituciones y el combate a la delincuencia organizada.
“Yo creo que sería muy grave si es que hay funcionarios hablando con ellos o pactando con ellos”, manifestó.
Finalmente, el funcionario reiteró que los señalamientos difundidos en redes sociales deben someterse a un proceso de verificación antes de formular conclusiones. Mientras no existan elementos que permitan confirmar la autenticidad de la fotografía y las circunstancias en que habría sido tomada, no es posible atribuir responsabilidades, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el alcance de la información y, en su caso, proceder conforme a la ley.